Incierta es la situación legal y procesal del exembajador ante la Organización de Estados Americanos (OEA), Edgard Parrales, luego que fuera detenido por la Policía el pasado 22 de noviembre, aseguró su abogado defensor.
“No tenemos información, solo sabemos de la detención de él, pero no sabemos si lo han llevado al juzgado, qué ha pasado, no sabemos una información al respecto pues, precisa. El Ministerio Público no ha sacado ningún comunicado al respecto”, aseveró el abogado, quien solicitó el anonimato por temor a represalias.
El Gobierno ha detenido a 44 personas en los últimos cinco meses de este año, por lo que ha convertido en presos políticos a periodistas, empresarios, defensores de derechos humanos, líderes políticos, entre otros que mantiene tras las rejas de la Dirección de Auxilio Judicial, conocidas como «El Nuevo Chipote», delegaciones policiales y a otros 123 reos de conciencia en los diferentes sistemas penitenciarios del país.
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Familia a la espera de decisión de la Policía
Era común que cuando los presos políticos eran detenidos la Policía y el Ministerio Público emitían un comunicado informando los motivos de la detención y la realización de una audiencia especial de tutela de garantías, para dar a conocer la imposición de la detención judicial de hasta 90 días de prisión, mientras se desarrollan las investigaciones.
“No he interpuesto un recursos de exhibición personal, la familia ha estado yendo a la Policía y les han dicho que tengan paciencia que ellos van a informales lo que vayan a hacer, pues si lo van a poner a la orden de quién o como es el asunto, pero no ha habido nada ahorita. Ya transcurrieron las 48 horas en que la Fiscalía debía acusarlo o ponerlo en libertad, pero a la familia le dijeron que esperara y le están permitiendo que le pasen sus cosas, su medicina, estamos a la espera de eso solamente”, explicó el defensor.
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Parrales se había convertido en uno de los pocos exdiplomáticos que se atrevían a opinar y cuestionar las acciones del Gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo, ya que la mayoría se han exiliado o autocensurado para evitar ser un preso político más en Nicaragua.
El ahora preso político fue embajador ante la OEA por parte del Gobierno sandinista en la década de los años 80, pero ahora fue apresado por la administración a la que una vez sirvió. Fue uno de los cuatro presbíteros que el Papa Juan Pablo II separó del cargo por defender la Teoría de la liberación y ocupar cargos políticos.
