Hace no mucho tiempo Chile era destacado en la región por tener policías incorruptibles, muy alejado de la realidad de otros países del continente.
Sin embargo, de un tiempo a esta parte se han destapado una serie de casos de corrupción tanto en Carabineros (policía uniformada chilena), como en el Ejército y la Policía de Investigaciones.

Uno de los más graves es el llamado “Milicogate”, caso de corrupción, específicamente de fraude y desviación de fondos públicos de la Ley Reservada del Cobre perpetrado por miembros del Ejército.
El caso fue dado a conocer en 2015, a través de una serie de reportajes publicados en la revista The Clinic y firmados por el periodista Mauricio Weibel.
A marzo de 2019, la justicia estimaba en más de $6.100 millones (7.3 millones de dólares) los montos defraudados. Actualmente se encuentran procesados el ex Comandante en jefe del Ejército, Juan Miguel Fuente-Alba, y el general en retiro Héctor Ureta por enriquecimiento ilícito.

A este caso se sumó el denominado “PacoGate”, fraude y malversación de caudales públicos realizado por miembros de Carabineros, por un monto que supera los $28.000 millones de pesos, es decir, más de 33 millones de dólares.
Según el periodista Mauricio Weibel, se estima que entre Milicogate y el Pacogate se habrían defraudado $50 mil millones de pesos, es decir, más de 60 millones de dólares.
Mientras que para el ex comandante en Jefe del Ejército, Juan Miguel Fuente-Alba, la Fiscalía y el Consejo de Defensa del Estado está pidiendo prisión preventiva luego de apropiarse de más de 8 millones de dólares, en Carabineros ya están bajo arresto los ex directores Bruno Villalobos y Gustavo González Jure.

Ahora se suma el caso del ex director de la Policía de Investigaciones, Héctor Espinosa, luego de que la justicia decretara prisión preventiva por los delitos de malversación de caudales públicos provenientes de gastos reservados, lavado de activos y falsificación de instrumento público.
Estos casos se dan en un contexto de profunda desconfianza hacia las instituciones, desde el Congreso hasta la propia Presidencia de la República. De hecho, la Cámara de Diputados firmó e ingresó una acusación constitucional contra Sebastián Piñera por la venta de la minera Dominga y que apareció en los Pandora Papers.

Este es el segundo juicio político que enfrenta el mandatario chileno, luego de que fuera acusado constitucionalmente por las violaciones a los derechos humanos durante el estallido social de 2019. En esa oportunidad, el juicio quedó en nada luego de ser rechazado en el Senado.
Fotos: Flickr/Wikipedia/Shutterstock