Funcionarios de diversas organizaciones defensoras de derechos humanos condenaron y criticaron la detención del exembajador de Nicaragua ante la Organización de Estados Americanos (OEA), Edgar Parrales, por parte del Gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
Doña Carmen Dolores Córdoba, esposa de Parrales, relató a ACCIÓN 10 que sujetos vestidos de civil se llevaron de su casa en horas de la tarde del viernes pasado a su esposo. Indicó que al momento que se dieron los hechos se encontraba solo en su vivienda, por lo que vecinos le llamaron para informarle de la detención. «Me dijeron que antes de que lo subieran a un vehículo él dijo que lo llevaban en contra de su voluntad», aseveró
“CIDH/MESENI condena la detención de Edgar Parrales, ex diplomático y analista político, el #22Nov luego de otorgar entrevistas a medios de comunicación sobre la salida del país de la OEA”, condenó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a través de la cuenta de Twitter.
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HRW: OEA debe evaluar
Parrales se había convertido en uno de los pocos exdiplomáticos que se atrevían a opinar y cuestionar las acciones del Gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo, ya que la mayoría se han exiliado o autocensurado para evitar ser un preso político más en Nicaragua.
“La dictadura de Ortega acaba de detener a Edgar Parrales, ex embajador de Nicaragua ante la OEA y crítico del régimen. El mensaje de Ortega es claro: Va a perseguir a cualquiera que lo critique. La OEA debe evaluar de manera urgente la suspensión de Nicaragua”, dijo por su parte el director para las Américas de Human Rights Watch (HRW), José Miguel Vivanco.
“Después de la simulación electoral Nicaragua, proceso plagado de violaciones de #DDHH, el régimen de Ortega continua su ataque, primero con la denuncia de la carta de la @OEA_oficial y hoy con la detención arbitraria del exembajador Edgar Parrales por su crítica ante la decisión”, cuestionó Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional (AI).
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Parrales fue embajador de la OEA por parte del Gobierno sandinista en la década de los años 80, pero ahora es apresado por la administración a la que una vez sirvió. Fue uno de los cuatro presbíteros que el Papa Juan Pablo II separó del cargo por defender la Teoría de la liberación y ocupar cargos políticos.