El diputado y excandidato presidencial por parte del Partido Liberal Constitucionalista (PLC), Walter Espinoza, después de más de dos meses dio a conocer la posición de este partido político relacionada a los resultados de las elecciones generales del 7 de noviembre del año pasado. ACCIÒN 10 había solicitado en diversas ocasiones a otros dirigentes de esta organización política la valoración del proceso electoral, pero con resultados infructuosos, ahora Espinoza asegura que no observaron anomalías en dicho evento.
“Claro, nosotros tenemos nuestras actas, nuestros fiscales tuvieron sus actas, vieron el proceso electoral directamente, nuestros organizadores de centros de votaciones y nuestros coordinadores de rutas a nivel nacional anduvieron como testigos de arriba para abajo para ver todo el proceso y ver a nuestra gente trabajando en las mesas electorales”, dijo Espinoza.
En el informe sobre los resultados de las elecciones pasadas, el Consejo Supremo Electoral (CSE) aseguró que hubo una participación del 65.26 %, mientras que el Observatorio de la sociedad civil denominado Urnas Abiertas señaló que hubo un abstencionismo del 81.5 %. Espinoza culpa a algunos opositores por el abstencionismo en el proceso electoral y el triunfo del partido oficialista Frente Sandinista.
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Culpa a opositores que llamaron a la abstención
“Algunas voces que hoy por hoy son los culpables de que cierto porcentaje de la población no haya salido a votar y hubiéramos tomado otro rumbo en esta Nicaragua, así que quién es verdaderamente el culpable de que se mantenga el continuismo en nuestra Nicaragua”, señaló Espinoza.
Según los magistrados del CSE, en las pasadas elecciones el partido Frente Sandinista obtuvo un 75.87 % de los votos válidos constituyéndose como la primera fuerza política del país, el segundo lugar lo obtuvo el PLC con un 14.33 % y el partido Camino Cristiano con un 3.26 %, cuyo presidente, el reverendo Guillermo Osorno, denunció irregularidades durante el proceso de votación y solicitó la realización de nuevas elecciones.
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Previo a las elecciones, el Gobierno encerró tras las rejas a siete precandidatos presidenciales de la oposición y a diversos líderes políticos, canceló la personería jurídica de tres partidos políticos y realizó reformas electorales criticadas por los opositores, mientras algunas personas que adversan a los gobernantes prefirieron exiliarse antes que formar parte de la lista de reos de conciencia.