A los pocos días del estallido social chileno de octubre de 2019, el presidente, Sebastián Piñera, decía su polémica frase “estamos frente a un enemigo poderoso”, como una forma de explicar los actos de violencia que estaban ocurriendo en el país.
El lunes se conmemoró dos años de la revuelta vivida en Chile, en medio de una profunda crisis institucional que está viviendo el país sudamericano, donde una de las más cuestionadas es Carabineros.
En relación a este punto, una columna de The Washington Post puso el acento en los casos que dan cuenta del clima de impunidad frente a los crímenes de la policía uniformada y el poco o prácticamente nulo control que tiene el Ejecutivo.

El texto enumera una serie de casos que ejemplifican la impunidad con la que goza la policía uniformada chilena, la que no hace mucho era una de las más respetadas en la región.
“Carabineros ha sido protagonista de reiteradas violaciones a los derechos humanos y represión excesiva contra los manifestantes que han salido a las calles desde el 18 de octubre de 2019”, señala el artículo.
El texto recordó cuando Human Rights Watch (HRW) apuntaba a “errores estructurales” como causa de los graves abusos, denuncias de violencia sexual y física sufridas por manifestantes, además de los al menos 400 personas han sufrido daño ocular.

“La institución ya llevaba años de acusaciones de fraudes, montajes y obstrucción a la justicia, que han colaborado a dañar su imagen pública y la confianza ciudadana”, señala el texto.
Pero la columna apunta a un hecho que resume de mejor manera el “error estructural” del que hablaba HRW: la negativa de renunciar del ahora ex jefe de la policía uniformada, Hermes Soto.
“Cuando el presidente Sebastián Piñera solicitó la renuncia a Hermes Soto, general director de Carabineros, después del asesinato del campesino mapuche Camilo Catrillanca por parte de un uniformado, Soto se negó a entregar su cargo. Olvidando su rol de subordinado, en un acto de insolencia inaudito, el general desafió a Piñera dejando en claro que la institución que lideraba se imponía sobre la máxima autoridad del país”, explica The Washington Post.

El medio estadounidense indica que el hecho de que la institución que precisamente es la encargada de entregar seguridad y protección a la comunidad “se haga noticia por hacer justamente lo contrario parece una señal inequívoca de una crisis desde la raíz”.
“El no respetar los protocolos del uso de la fuerza en las calles y las decisiones que se toman ignorando las órdenes políticas desde la casa oficial de La Moneda, evidencian una peligrosa autonomía policial que pone en duda cuál es la jerarquía entre el Estado y su fuerza pública”, agrega.
La columna agrega que “desprovistos de toda humildad”, Carabineros no solo “se ha resistido a pedir perdón o a colaborar con los tribunales, sino que además ha mantenido su estrategia represiva y en contra de los derechos humanos”.

Debido a la crisis institucional de la policía uniformada, el texto no entrega una solución en el tiempo inmediato, por lo que considera que el próximo gobierno deberá hacerse cargo y terminar con la impunidad policial.
“Avanzar hacia su cicatrización será uno de los desafíos más complejos y urgentes de quienes conformen el próximo gobierno tras las elecciones presidenciales del 21 de noviembre, pues el único camino parece ser un cambio radical en la estructura policial, tanto en su forma como en el fondo, entregando garantías a la sociedad que crímenes como los cometidos contra Gustavo Gatica o Fabiola Campillai no se repetirán”.
La columna cierra con una advertencia: “si el nuevo gobierno no busca los mecanismos para garantizar una Policía con altos estándares y apego al respeto de los derechos humanos, no solo profundizará el descontento social actual y la impunidad, sino que corre el riesgo de ser víctima de la sedición”.
“Ahí radica el verdadero peligro de una democracia: en un ‘enemigo poderoso’, como del que habló alguna vez Piñera, que tiene la hegemonía de las armas y se niega a obedecer y subordinar al poder civil”, cierra la columna.
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