Organizaciones defensoras de derechos humanos y familiares de las víctimas de las protestas del 2018 en Nicaragua, presentaron un informe en Costa Rica donde muestran y analizan los crímenes de lesa humanidad, terrorismo de Estado y la situación de impunidad de Nicaragua.
En la presentación del informe estuvieron presentes 15 organizaciones defensoras de derechos humanos, quienes se han encargado de documentar los hechos. Para la elaboración del informe se utilizó una metodología participativa y técnicas de documentación y registro con un enfoque de derechos humanos que incluyó la perspectiva de género.
También se desarrollaron dos líneas de trabajo. Por un lado, el relevamiento, procesamiento, sistematización y análisis de información cuantitativa y cualitativa a través de fuentes primarias y secundarias disponibles para el período 2018-2021; y, por el otro, la producción participativa del mismo tipo de información directamente por las organizaciones participantes, testigos de la historia.
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Señalan abusos del Gobierno
Desde julio de 2018 a mayo de 2020, al menos 3.850 personas han sido detenidas de forma arbitraria y por causas políticas, señala el informe.
El informe finaliza denunciando la falta de atención médica por parte del Estado de Nicaragua a los manifestantes heridos en el año 2018, así como la falta de acceso a la libertad de prensa, el encarcelamiento de opositores y el asedio a periodistas y medios de comunicación que han sido confiscados.
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“El informe es considerado histórico por ser la primera vez que se produce un material de esta importancia de manera colectiva y busca recordarle a la comunidad internacional que en Nicaragua persiste el terrorismo de Estado con un control absoluto sobre todos los poderes y sobre las fuerzas de seguridad. En Nicaragua se cometen crímenes de lesa humanidad en el marco de un terrorismo de Estado y de un Estado policial de excepción”, indica el documento facilitado por las organizaciones denunciantes.